Dos demandas millonarias contra el Estado

La empresa española Sacyr y la italiana Webuild, anteriormente conocida como Salini Impregilo mantienen demandas arbitrales desde el 2018 y 2020, respectivamente contra el Estado panameño.

Sacyr reclama 2,000 millones de dólares alegando supuestas violaciones al Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) entre el Reino de España y la República de Panamá. Este caso se encuentra pendiente.

De acuerdo a Margie Lys Jaime de la oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el próximo 1 de mayo le corresponde a Panamá presentar su escrito de dúplica y la audiencia de fondo está programada del 17 al 28 de junio de este año en Washington DC; Estados Unidos.

Los árbitros son Horacio Grigera Naón (Argentino) designado por el demandante y Zachary Douglas (australiano-Suizo), designado demandado. Los representantes de la empresa son Three Crowns, Londres, Reino Unido y París, Francia y por Panamá Foley Hoag y Arnold & Porter.

La funcionaria explicó que “los tratados, contienen estándares de protección para la inversión extranjera, estos estándares incluyen el trato justo y equitativo, la no discriminación, estándar mínimo de trato, incluyen el derecho a no ser expropiado sin ninguna debida indemnización. El estado va a defender los mejores intereses de la república de Panamá”.

Igualmente, la compañía Webuild ha demandado el pago de 2.2 billones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones vigente con Italia. La composición del tribunal es presidida por Lucy Reed nombrada por el secretario general.

Los árbitros son Stanimir Alexandrov, un búlgaro nombrado por los demandantes y Hélene Ruiz Fabri (francés) nombrado por los demandados. Al demandante lo representa White & Case, Washington, DC, EE. UU. y Panamá la firma Arnold & Porter Kaye Scholer. Este caso está pendiente sin fecha de juicio.

Ambas empresas forman parte del consorcio Grupos Unidos por el Canal y participaron en la ampliación de la vía marítima.

Para expertos en el tema los reclamos no tienen fundamento ya que se trató de un contrato de concesión y no una inversión como tal.

“Lo que no han logrado a través de los arbitrajes contractuales ahora están intentando hacerlo a través del tratado”, comentó Margie Lys Jaime del MEF.

Grupo Unidos por el Canal S.A. (GUPCSA), ha interpuesto al menos cinco procesos contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).