APEDE advierte que la confianza institucional es clave para atraer inversiones a Panamá

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Alberto López Tom, afirmó que la confianza en las instituciones y la seguridad jurídica son factores determinantes para que Panamá pueda atraer nuevas inversiones, generar empleos y mantener su competitividad.

López Tom explicó que, al evaluar una inversión importante, las empresas no solo consideran la posición geográfica, las perspectivas de crecimiento o las ventajas de una economía dolarizada, sino también la estabilidad de las reglas.

“¿Las reglas y leyes se mantendrán mañana?, ¿los contratos se respetarán?, ¿las instituciones responderán? ¿Podremos planificar a cinco o diez años con un nivel razonable de estabilidad jurídica?”, cuestionó.

Según el presidente de APEDE, Panamá cuenta con fortalezas importantes, como su ubicación estratégica, conectividad global, plataforma logística, sistema financiero y economía dolarizada. Sin embargo, sostuvo que estas ventajas deben estar acompañadas de instituciones capaces de generar certeza y confianza.

“Cuando las reglas son claras y las instituciones funcionan, las empresas invierten, reinvierten, generan empleo y se aventuran a crecer”, señaló. En contraste, advirtió que cuando la confianza se deteriora, las inversiones pueden postergarse y trasladarse hacia otros destinos.

Asimismo, destacó que los indicadores económicos muestran señales positivas, aunque también reflejan cierta prudencia del sector empresarial. De acuerdo con la medición del Nivel de Confianza Económica de ELEMÉNTE, en julio de 2026 el indicador se ubicó en 8.1 sobre 10.

Además, el 22% de las empresas prevé aumentar su planilla durante los próximos 12 meses. No obstante, el porcentaje de compañías que espera incrementar sus ventas en ese mismo período bajó de 61% en junio a 52% en julio.

Para López Tom, estos resultados evidencian que existe confianza en la economía, pero también cautela frente al futuro, una percepción que termina influyendo en las decisiones de inversión, contratación y crecimiento.

En materia institucional, el presidente de APEDE destacó que Panamá todavía enfrenta importantes desafíos. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, el país obtuvo 0.52 sobre 1, ocupando la posición 73 entre 143 países y el puesto 14 entre 32 economías de América Latina y el Caribe.

Aunque Panamá alcanzó la posición 49 a nivel mundial en gobierno abierto, obtuvo posiciones más bajas en justicia civil, ausencia de corrupción y justicia penal, ocupando los puestos 87, 93 y 105, respectivamente.

“Es claro que la administración de justicia es nuestra principal debilidad”, afirmó.

Ante esta situación, APEDE anunció el impulso del Observatorio de Transparencia Judicial, como una iniciativa técnica para dar seguimiento al desempeño del sistema de justicia y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad.

Asimismo, López Tom destacó otros indicadores. En el Índice de Libertad Económica 2026, Panamá obtuvo 64.9 puntos y ocupó la posición 63 entre 184 economías, después de ubicarse en el puesto 56 un año antes.

En tanto, el Índice de Calidad Institucional 2026 situó a las instituciones económicas del país en la posición 57 y a las instituciones políticas en el puesto 75.

López Tom también se refirió a situaciones recientes en el Ministerio de Educación (Meduca) y la Dirección General de Ingresos (DGI), señalando que ambos casos evidencian la necesidad de fortalecer instituciones que puedan mantener su funcionamiento más allá de los cambios de administración.

En el caso de la educación, sostuvo que las políticas de largo plazo no deben reiniciarse con cada gobierno, sino que deben mantenerse los avances, corregir las deficiencias y garantizar continuidad.

Mientras que las irregularidades investigadas en la DGI, agregó, no representan únicamente un asunto judicial, sino que también ponen a prueba los controles institucionales y la confianza de los contribuyentes.

“No se trata solamente del Meduca o de la DGI, se trata de cómo construimos instituciones capaces de trascender personas, gobiernos y coyunturas”, afirmó.

Esta visión forma parte de la hoja de ruta de APEDE para el período 2026-2027, cuyo eje incluye gobernanza, transparencia e institucionalidad.

El presidente de APEDE señaló además que Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, por debajo del promedio de 42 puntos de las Américas. En comparación, Uruguay obtuvo 73 puntos, Chile 63 y Costa Rica 56.

No obstante, destacó que el país también cuenta con indicadores positivos. En el Índice de Democracia 2025, Panamá obtuvo 7.04 sobre 10, ocupando la posición 44 entre 167 países y el quinto lugar en América Latina y el Caribe.

Para López Tom, el reto no consiste en comenzar desde cero, sino en cerrar las brechas que todavía limitan la confianza y la competitividad del país.

A su juicio, la seguridad jurídica, las reglas claras y condiciones equitativas reducen los riesgos para los inversionistas y favorecen la generación de empleos y nuevas oportunidades.

“La desconfianza actúa como un impuesto invisible que encarece hacer negocios y frena decisiones”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que APEDE busca pasar de señalar los problemas a proponer soluciones, medir resultados y promover políticas que trasciendan los períodos de gobierno.

“Panamá tiene el potencial para avanzar, pero necesita instituciones sólidas, transparentes y eficientes, capaces de generar seguridad jurídica y reglas claras para todos”, concluyó.