¿Estaremos condenados al retroceso?

Hace unas semanas compartimos con nuestros lectores, nuestra apreciación con respecto a los sucesos ocurridos, producto de la aprobación del Contrato Minero. Por todos es conocido que gran cantidad de ciudadanos de todas las edades salió a protestar por la forma en que la Asamblea Legislativa había aprobado el contrato en mención, pero siempre hemos sostenido que la aprobación del contrato fue la gota que derramó el vaso con agua; ya que en su mayoría se salió a la calle a protestar por la forma en que el actual gobierno ha manejado su gestión. Existe un hastío de la población por la forma de conducirse el gobierno y en nada los ayuda la percepción de corrupción que los rodea. Como resultado de lo anterior se dio el Fallo de Inconstitucionalidad del contrato, que trajo como corolario el cese de operaciones de la mina hasta la actualidad. Ya hemos mencionado todas las consecuencias que este cese ha ocasionado y que se van a ir aumentando en el tiempo. Esa es una de las razones principales para que la calificadora de riesgo Fitch nos hayan bajado el grado de calificación, que acarreará a nuestra población el aumento del dinero por la subida que vendrá de todos los intereses a préstamos bancarios de cualquier tipo. Toda esta situación le aumentará el costo de vida a los nacionales y extranjeros dentro del paí

Independientemente de todo lo expresado, existe también la Espada de Damocles con el llamado a arbitraje que ha presentado la minera defendiendo su inversión, los cuales son impredicibles y según mi criterio tenemos una posición desventajosa para salir airosos en esos procesos. Hablamos de procesos arbitrales que podrían tener condenas entre 40 mil a 60 mil millones de dólares para Panamá.

Ante este escenario económico y jurídico tan complicado para nosotros, tenemos acciones en materia de recursos minerales que están tomando otros países para generarse más inversión, con el fin que redunden en beneficios sostenibles de todo tipo para sus coterráneos.

Estos comentarios son producto de una artículo que leí hace poco, en donde se analizaba los pasos que toman países como El Salvador y Ecuador, emulando el éxitos de países como Chile, República Dominicana y Colombia que han apostado a la explotación de Recursos Minerales, atrayendo inversión extranjera, y del mismo modo incentivando el turismo. Esto quiere decir que ambas industrias pueden coexistir juntas sin ningún tipo de problema. Esta clase de iniciativas nos lleva nuevamente a recordar que en el tema de la explotación minera es una falacia argumentar que no existen medidas de mitigación y compensación que permitan mantener un medio ambiente saludable, como lo están haciendo otros países y aprovechan los frutos de sus recursos minerales.

En el caso de El Salvador, incluso se había prohibido la extracción de minerales en el 2017, lo que aplaudían los ambientalistas, pero en un giro de 180 grados, 4 años después en el 2021, se instituyó un departamento gubernamental para regular la energía y la minería, uniéndose al Foro Intergubernamental sobre minería y desarrollo sostenible. De la misma forma se han fortalecido el turismo como un país de destino seguro.

En el caso de Ecuador la minería industrial ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento. Sus exportaciones se han incrementado, teniendo como ejemplos las 2 minas existentes en Zamora, Chinchipe. A la vez se ha aprobado un Proyecto de Ley para fortalecer el turismo, lo que nos indica que ambas actividades pueden desarrollarse sin ningún tipo de problema.

Como observamos, hay una cantidad de países desarrollando el tema minero para el crecimiento y bienestar de sus conciudadanos. Lo que no entendemos es si nosotros no estamos viendo lo que ocurre en nuestro entorno y estamos tomando decisiones irracionales, que nos están condenando al retroceso. Estamos a tiempo de rectificar y no dejar escapar los recursos minerales que tenemos y que otros países está desesperados por tener. No creo que ellos estén totalmente equivocados y nosotros con la razón, la lógica me indica lo contrario.

* El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.