El peligro del arbitraje

En muchas ocasiones veo acciones de los seres humanos que me confunden y por más que trato de entender, se me dificulta asimilar su posición.

Recordemos los eventos que se dieron en el mes de noviembre de 2023, en donde se paralizó el país producto de manifestaciones y cierres de calles, que diferentes ciudadanos y gremios, hicieron por la gran velocidad del gobierno en aprobar en la Asamblea Legislativa el contrato de concesión minera en Donoso. No se puede negar el derecho a manifestarse y tampoco que la población sintió un repudio ante la forma de actuar del gobierno, pero tenemos que ser claros en que la forma de aprobación del contrato minero fue la gota que derramó el vaso con agua de las frustaciones que tiene la ciudadanía con respecto a la forma de gobernar de nuestros últimos gobernantes.

A mi no me cabe la menor duda, que lo que originalmente se buscaba era mejorar el contrato, pero terminó en algo totalmente distinto a lo que se esperaba o querían gran parte de los manifestantes. El fallo de inconstitucionalidad de la Corte no ordena por ningún lado el cese de operaciones o el cierre de la mina. Es un fallo que declara inconstitucional un contrato por las violaciones constitucionales que pudiera tener el mismo, según los magistrados, y que por ningún lado se le atribuyen a la empresa. Más bien el fallo se basa en aspectos y procedimientos que los órganos ejecutivo y legislativo supuestamente no observaron debidamente en la formulación y aprobación del contrato.

Ante este escenario, es donde como país debemos analizar la conveniencia de poder renegociar un contrato con más beneficios para Panamá que el primero y terminar una relación en el periodo de conseción que, aunque no les guste a algunos, hay que respetarla por la implicaciones y efectos legales, ambientales y económicos nefastos que nos puede dejar, sin pasar por alto la capacidad de atracción de inversión extranjera.

Ya para todos es sabido que independientemente de los efectos, que en la actualidad ya se sienten en el país y que toca a miles de panameños que ahora pierden su empleo y sustento familiar, también tenemos el tema de los arbitrajes activados por la afectación que se causó a las inversión realizada.. Estamos hablando de miles de millones de dólares a los cuales nos vamos a ver expuestos como país y que en la situación económica que estamos, no sabría decir como acabaríamos.

La realidad es que existen arbitrajes de inversión y de incumplimiento. Los de incumplimiento serían los que ya hemos tenido en el caso de nuestro canal. Los de inversión son arbitrajes distintos, en donde lo que se analiza son dos factores importantísimos, que son si el inversionista fue expropiado de sus bienes y si fue descriminado en el trato. Estos arbitrajes internacionales se rigen bajo los parámetros del contrato y tienen su sustento y asidero constitucional en el artículo 4 de la Constitucional Nacional.

Nuestra preocupación radica en que si revisamos el accionar de El Estado con respecto a la mina, sí se dio una expropiación y no hay la menor duda de la existencia de discriminación. Solamente veamos la manifestación que se hizo debajo de las escalinatas de La Corte para que se fallara rápido y en determinada forma; lo cual puede pesar enormemente en contra nuestra, al igual que el tiempo de este fallo, que si pedimos un promedio de tiempo en fallar los casos de inconstitucionalidad, nos dejaría también mal parados. Soy del criterio, y como panameño responsable, de que el mejor camino es buscar oportunamente una salida negociada en un contrato más beneficioso para el país en materia ecológica, social y económica, que exponernos a un arbitraje que nos arruinaría.

*Abogado y exadministrador de la ACODECO.