La situación de unos ochenta estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura (INA) debe llamarnos la atención por las pretensiones de los directivos del colegio, de sancionar a un gran número de ellos por haberse manifestado contra un plan del ministerio de Gobierno de construir una cárcel en 45 hectáreas, propiedad de la escuela. La manifestación fue pacífica y legítima y se produjo por la falta de información, comunicación y diálogo. Reprimir a jóvenes estudiosos por expresar su desacuerdo es un desatino inaceptable.