Fiscalía investiga aplicación de castigos tradicionales indígenas

EFE| El Ministerio Público de Panamá anunció hoy que investigará los castigos tradicionales que una comunidad indígena panameña impuso a varios de sus líderes por supuestamente firmar un contrato con una empresa sin su consentimiento.

El presidente del Congreso Tradicional de la comarca Ngäbe Buglé, Demecio Cases, y el funcionario Rogelio Moreno fueron inmovilizados recientemente con un cepo y acusados por sus vecinos de querer vender los recursos de este territorio caribeño a una compañía china.

El cepo, un instrumento de tortura centenario y común en la actualidad en algunas etnias indígenas, consiste en un tronco de madera que se usa para inmovilizar pies y manos.

Según los medios locales, el documento firmado por las autoridades da vía libre a la compañía china para desarrollar todo tipo de infraestructuras, como carreteras e hidroeléctricas, sin necesidad de consultarlo previamente con la comunidad, algo que es obligatorio de acuerdo a la ley de esta comarca indígena que tiene autonomía desde 1997 y en la que viven más de 150.000 personas.

Los hechos, que ocurrieron en una fecha no precisada, se conocieron el jueves después de que un vídeo en el que se ve a Cases inmovilizado, con cara de sufrimiento y rodeado de vecinos se hiciese viral en las redes sociales y generase rechazo entre la población.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que el pasado 20 de marzo Moreno se presentó en unas dependencias de la institución en la provincia de Chiriquí e interpuso una denuncia contra "al menos 10 personas" por haber cometido un delito de "privación de libertad" al haberle sometido al cepo.

En Panamá, existen cerca de 400.000 indígenas (11 % de la población), que se agrupan en 7 etnias principales: Emberá, Wounaán, Kuna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 6 % de los indígenas panameños sufre pobreza extrema.