La era de la digitalización electoral

Quedó atrás la era de los planillones que debían firmar los adherentes a las candidaturas de libre postulación.

Las trampas de firmas de respaldos a varios candidatos, inclusión de difuntos, falsificaciones de cédulas y otras triquiñuelas, se han reemplazado con un sistema de digitalización del Tribunal Electoral, que identifica al adherente al candidato de libre postulación, con nombre, cédula, como requisito previo a la validación del postulante a una diputación o representación.

El nuevo requisito de digitalización es más seguro, pero algo engorroso, porque hay que convencer a miles de adherentes, alrededor de dos mil, en un período de diez meses, que pacientemente se sometan a la investigación previa de funcionarios del Tribunal Electoral para ser certificados solamente como posibles votantes de independientes.

Sin embargo, la independencia política debe dejar de ser un mito construido por fantasmagorías de los legisladores. Una utopía forjada por una visión idealista de la democracia representativa panameña. Pero el sistema político abre distancias abismales entre los partidos y los independientes.

El Código Electoral tiene entre un setenta a ochenta por ciento del articulado dedicado a los partidos políticos. Esas normas definen el estatuto jurídico de los partidos, los requisitos de su inscripción en el Registro Electoral, los derechos y deberes de las organizaciones partidistas.

La libre postulación antes se limitaba a candidatos a presidente y vicepresidente de la república. No existían candidatos independientes a otros cargos de representación popular.

Pero ahora, los independientes pueden postularse a diputados y representantes, con un sistema de digitalización confiable de apoyo a sólo a tres postulantes, restricción que los minimiza ante candidatos de partidos y estrangula las opciones de los votantes.

Las posibilidades de buen gobierno para un presidente independiente lo obligarían a concertaciones con partidos políticos.

El jefe de estado de libre postulación sería un cautivo de los partidos, si no cuenta con el número de diputados que garanticen las leyes de la gobernabilidad. Si no fuera así, el Órgano Ejecutivo sería una ficción del poder, condenado a entenderse con diputados, alcaldes, representantes de corregimiento de los otros partidos.

Los partidos políticos constituyen la estructura fundamental del sistema democrático. Sin partidos no puede haber democracia, opinan expertos del sistema. Pero el quid del asunto está en que los partidos son imputados de ser maquinarias electoreras capturadas por oligarquías y élites de políticos profesionales cada vez más distanciadas de los intereses sociales de la comunidad panameña.

Las denuncias de corrupción; los pactos de gobernabilidad anudados en función de parcelas de poder partidista; la ausencia de los panameños más capacitados e idóneos para trabajar en la administración pública; el predominio de grupos de empresas privadas; el ejercicio del nepotismo político en ministerios, servicio diplomático, institutos autónomos, son consecuencia directa de la incesante politización partidista del Estado, que se traduce cada cinco años.

La Constitución expresa, sin lugar a duda, que el Poder Público sólo emana del pueblo.

En la realidad, los partidos políticos monopolizan el Poder Público. El pueblo tiene una representación simbólica puesto que solamente puede encauzar sus aspiraciones a través de los partidos, cada cinco años. No tiene dónde escoger.

Los independientes no contaminados de los vicios históricos del régimen de partidos podrían enmendar el rumbo de la democracia panameña. Sin embargo, no podrán hacerlo mientras subsistan las características del sistema tejido para que predominen los partidos y restrinjan a los independientes de libre postulación.

 

MARIO CASTRO ARENAS

[email protected]

* El autor es abogado.