Pino: “Con la Ley de extinción de dominio se recuperará dinero a favor del Estado”

El ministro de Seguridad Pública Juan Manuel Pino reiteró que el proyecto de ley 625, de extinción de dominio, no pretende ser un instrumento de persecución política sino, por el contrario, busca el debilitamiento de organizaciones criminales y recuperar dineros a favor del Estado.

Las palabras de Pino se dieron este martes, 24 de enero, durante el “Taller Nacional sobre Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos”, organizado por el Ministerio de Seguridad.

El ministro recordó que el proyecto de Ley No. 625 sobre Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, fue presentado por el Ministerio de Seguridad Pública ante la Asamblea Nacional el 28 de abril del 2021, “el cual es producto de un año de trabajo realizado por un equipo interinstitucional, conformado por el Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Seguridad Pública”.

“Esta iniciativa no pretende ser un instrumento de persecución política, sino por el contrario, será un instrumento con dos connotaciones principales, la primera de contribuir con debilitamiento del músculo financiero de las organizaciones criminales que tanto daño hacen a nuestra sociedad y segundo, la recuperación de los dineros y bienes de origen o destinación ilícita a favor del Estado, destinados a obras sociales, programas de prevención, salud y educación, a fin de resarcir a la ciudadanía el daño causado por estos agentes del mal”, manifestó el ministro.

Destacó que “este instrumento jurídico también busca atacar a los grupos delictivos de pequeña escala, quienes también son financiados por la narcomafia y cuyo poder destructivo impacta directamente en perjuicio de la convivencia pacífica, el desarrollo humano, la sostenibilidad y progreso de una nación”.

“El proyecto de extinción de dominio de bienes ilícitos, no contempla dentro de sus normativas vulnerar el derecho a la propiedad privada, debidamente resguardado en nuestra Carta Magna, así como tampoco va en detrimento al derecho de defensa”, agregó Pino, quien agradeció al panel de expertos conformado por la Sara Salazar, ex fiscal de extinción de dominio en Colombia y a Delia de Castro, ex fiscal superior y ex Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación.

“El Estado no puede proteger un derecho que no fue obtenido de forma lícita, ya que no podemos permitir, ni convertir al Estado en un cómplice de lo mal habido”, sentenció.

Por último, reiteró la disposición “de aportar y contribuir con un debate cónsono y debidamente sustentado en derecho, que permita mejorar el proyecto, por lo que continuaremos promoviendo la discusión, tal y como lo estamos haciendo en este momento”.

En tanto, el procurador general de la Nación, Javier Caraballo resaltó la importancia de esta herramienta de extinción de dominio, para la lucha contra las organizaciones criminales. “Es una importante figura jurídica que permitirá que la delincuencia organizada no se beneficie de bienes adquiridos de manera ilícita”, destacó.