Consenso sí, amenazas no

 Las empresas transportistas CANATRA y COTRADIN han pedido al gobierno nacional que  derogue el Decreto 331, mediante el cual se amplía la cobertura de plataformas como UBER y se permite el cobro en efectivo.

A criterio de los transportistas el decreto patrocina la piratería de los 20 mil autos particulares que compiten con los taxis y aun cuando no rechazan la plataforma como tal, estiman que la actividad de UBER pone en riesgo la seguridad jurídica de los locales. 

Lo primero que salta a la mesa es la imposibilidad del gobierno de derogar un decreto que como el 331 recibió el año pasado el aval de la Corte Suprema, lo que hace inviable aquello de que “decreto tumba decreto”. El 331 fue sometido a una consulta de la Corte y esta lo favoreció en los dos aspectos anotados; la cobertura nacional y el pago en efectivo.

El verdadero problema que ha causado UBER a los locales es la eficiencia con que labora, versus la gestión caprichosa de transportistas locales  que deja a los usuarios a la intemperie. De no haber sido por situaciones como esa, UBER no hubiera logrado los éxitos que refleja.

Lo que le queda a los transportistas locales es modernizar sus flotas, hacer uso de la nueva tecnología ¿Dónde está la acumulación de capital por años para la inversión? ¿Debe el gobierno ceder a sus amenazas? Hasta allí los hechos.

El problema que crean CANATRA Y COTRADIN no es la petición, cualquier panameño pueda expresarse en el sentido que lo considere, pero de ahí a exigir con amenazas, ya es otro cuento. Los dirigentes de ambas organizaciones han dicho que “o se deroga o nos vamos a una huelga” que paralizará el país.

Lo primero que deben considerar es que las concesiones de las que usufructúan son propiedad del Estado, por eso se llaman concesiones, “el Estado concede”, y lo hace en el contexto de una serie de obligaciones que tanto CANATRA como COTRADIN deberían explicar si las están cumpliendo.

Para el gobierno el tema del transporte tiene como centro el usuario, y ambas entidades transportistas deberían decir si cumplen a cabalidad con los requerimientos de esos usuarios. Si los taxis hacen expedita las peticiones de los pasajeros o ya superaron el “no voy”.

Lo evidente es que por estos días el gobierno nacional ha abierto las puertas de palacio para conversar con los transportistas, en un intento, primero para escuchar sus propuestas, segundo por arribar acuerdos que ayuden a modernizar ese sector, porque al fin y al cabo hacerlo más eficiente no solo beneficia al usuario, sino que ayuda a quienes desempeñan esta labor.

Pero se debe considerar que el país es de todos, y velar por acuerdos y consensos es la misión de un gobierno. Llevar las conversaciones a escenarios de definiciones en blanco y negro nada tiene de democrático o popular, sobre todo por la mora de ese sector con la comunidad nacional. 

Julio Bermúdez Valdés
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*El autor es periodista.