La DGI espera decisión de la Corte por demandas contra ley de factura electrónica
Ante la petición de los abogados y gremios de profesiones liberales de derogar artículos de la ley 256 sobre factura electrónica y que ha sido objeto de dos demandas de ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el director de General de Ingresos (DGI), Publio de Gracia, afirmó que esperarán las decisiones que tome la Corte por esta acción.
“Respetemos el derecho que tiene todo ciudadano de asistir a las instituciones de control y esperaremos qué decisiones toma la corte luego de esta acción”, dijo De gracia. Añadió que “no hay un calendario publicado y que seguiremos conversando y explicando los beneficios y tumbando mitos o percepciones que a nuestro juicio no son correctas, no hay ninguna obligación nueva, sólo un cambio de método de facturar en libreta preimpresas a uso de la tecnología”.
Donaldo Sousa, presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP), informó que mañana realizarán una marcha desde el Colegio de Abogados hasta la DGI para manifestar su rechazo a la ley que fue inconsulta, que viola la confidencialidad entre profesional y cliente y además, viola el artículo 40 de la Constitución que señala que “no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de profesiones liberales y de oficios y artes”.
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que “concluyó el plazo del cual esperaban una respuestas por parte del gobierno a las aspiraciones de los sectores profesionales en derogación a la ley 256, no habiendo nadie dando la cara este movimiento avanza a las acciones de protesta”. Araúz dijo que “no estamos a favor de la irresponsabilidad tributaria, estamos reclamando un entendimiento en que los profesionales no hacemos actos de comercio, somos auxiliares del personal colectivo".
Exonobel Quintero, secretario general del Sindicato de Abogados de la República de Panamá, manifestó que “es una ley que toca uno de los pilares fundamentales en el desempeño de todo profesional de derecho que es la relación abogado-cliente donde se determina un margen de confidencialidad con respecto al tratamiento jurídico de cualquier tipo de acción”.
La Ley 256 establece “la obligatoriedad en la expedición de factura o de documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño”.
Yessika Calles
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