El país debería estar discutiendo con seriedad y sin politiquería la urgente necesidad de darle vuelta a los sistemas educativos y sanitarios para que los ciudadanos tengan servicios públicos, escuelas y hospitales de calidad. Sin embargo, el debate actual se concentra en una ley que pretende reducir los tiempos de prescripción de las deudas con los bancos y entidades financieras. Suena bonita y hasta parece popular, pero es irresponsable. Con ello se promueve, justifica y legaliza “el juega vivo”, y la cultura del no pago, a través de la ley.