Los famosos Pandora Papers y el daño que nos hacen

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación debe sentirse avergonzado del ataque tan despiadado que desató recientemente contra la República de Panamá, en un nuevo intento por manchar el nombre e imagen del país por el simple hecho que no está de acuerdo con sus pretensiones sobre nuestro régimen societario y fiscal. El eje económico de Panamá ha girado desde hace más de 100 años alrededor de la exportación de sus servicios, comenzando con el Canal de Panamá en el año 1914, y seguido muy de cerca por la ley de abanderamiento de naves en 1925 y la ley de sociedades anónimas en 1927.

Estas tres actividades han sido los pilares que han contribuido en forma importante a nuestra economía, y es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos todos los panameños. Nuestros antecesores tuvieron además la gran visión de fundar la Zona Libre de Colón, y posteriormente el centro bancario internacional a inicios de los ´70, que fueron un complemento a las actividades antes mencionadas, que generaron un crecimiento económico que ha convertido a Panamá en uno de los países más prósperos  de la región. Los abogados panameños han estado a la vanguardia de ese crecimiento sólido y continuo de nuestra economía. El país ha ido adoptando las leyes necesarias para cumplir con los nuevos estándares internacionales de cumplimiento, que se hicieron más rigurosos después de los ataques terroristas del 2001; del incremento de las actividades de narcotráfico a causa de la demanda ilimitada de consumidores en Estados Unidos y Europa, y de la crisis financiera del 2008 que puso en posición precaria a las finanzas públicas de gobiernos alrededor del mundo. Mientras tanto, los países desarrollados han optado por no reconocer los grandes esfuerzos que ha hecho Panamá en estos campos, y con sus sanciones y listas grises y negras han logrado mancillar la imagen de los servicios internacionales que presta Panamá. En particular le han puesto la mira a lo que queda del negocio de sociedades anónimas y al abanderamiento de naves. No contentos con eso, ahora pretenden además exigirnos que adoptemos un régimen tributario universal, como si nosotros fuésemos una de sus antiguas colonias obligadas a arrodillarse antes sus incesantes pretensiones. Todos estamos de acuerdo en que no debemos ser facilitadores del narco lavado, de la evasión fiscal o de cualquier actividad ilícita. Toca seguir conversando con las potencias extranjeras en condiciones de igualdad y respeto, como han hecho este gobierno y los anteriores. Como país no debemos jamás recibir estos ataques de brazos cruzados, como si fuéramos unos meros adláteres de nuestros antiguos colonizadores.

En los Pandora Papers, se ha atacado directamente al país, usando como blanco a una distinguida firma de abogados que goza de un gran prestigio profesional y  a una reputable empresa de servicios corporativos. Tanto el New York Times como The Economist han reconocido que en los Pandora Papers no hay indicios de actividades ilícitas, sino meramente la creación de estructuras corporativas y fiduciarias perfectamente legales a solicitud de gente adinerada que quiere proteger su privacidad financiera, lo cual es un legítimo derecho de cualquier ciudadano en el mundo.

Lo peor y más cínico de todo es que reporteros que hacen uso de información obtenida en forma ilícita o indebida, se auto congratulan  infiriendo que es su deber denunciar la acumulación de riqueza a nivel privado, sin tan siquiera reconocer que la generación de riqueza es el eje de cualquier sistema capitalista que tanta prosperidad ha generado a través de la historia. También es importante mencionar que la información develada se difunde como si fuera un delito, cuando la regulación cuando fueron creadas permitía este tipo de negocio y tratan de dar a entender que no es así.  

Mientras tanto, el gobierno debe seguir en su firme y digna postura de exigir respeto a los países que pretenden acabarnos con exigencias irrazonables, y a la vez negociar en un plano de respeto e igualdad para lograr las condiciones que mejor respondan a los intereses nacionales, tomando en cuenta las legítimas aspiraciones de la comunidad internacional en evitar que nuestro país sea aprovechado por terceros para sus actividades de lavado de dinero, incluyendo la evasión fiscal.

De la misma manera, en otro tema, quiero dejar claro que hace unos meses en un programa radial mencioné que el exministro Dulcidio de la Guardia era la persona que había fallado la demanda de bien oculto, cuestión que no fue así; ya que lo hizo la viceministra. Yo cometí un error involuntario al decir esto; por lo tanto pienso que es de caballeros reconocerlo y disculparse.

Magíster Pedro M. Meilán 
pedro.meilan@meilanya