Protejamos nuestros recursos pero también la inversión extranjera

En días pasados, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio e Industrias, nos sorprendió gratamente con la información de la llegada de corporaciones extranjeras para invertir en Panamá. En este caso específico se refería a la minería y refinería que echará a andar la empresa Broadway.

Entre las cosas que se mencionaron de beneficio para el país es que saldarán lo que se adeuda en salarios a sus ex-trabajadores y cuotas a la CSS. En hora buena para todos.

Es de vital importancia para el país y la población en general que este tipo de inversionistas nos vean con buenos ojos porque pretenden depositar sus dineros y su confianza en nosotros; lo cual trae como consecuencia la generación de empleos, ingresos y recursos, que contribuyen al desarrollo sostenible de Panamá. Me tomo estas cortas líneas para traer al tapete la existencia de un contrato que tiene la Nación con Minera Panamá, y que en estos momentos está siendo motivo de discusión, producto de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que lo creó.

Vemos opiniones encontradas sobre la validez del mismo, pero en la mayoría de los casos las personas que opinan, lo hacen porque han escuchado a un tercero o piensan que su razonamiento es lógico. El análisis de lo que ocurre con el contrato tiene un componente netamente jurídico y legal, que no es de fácil comprensión para un particular que desconozca el Derecho. 

La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, no afecta la relación contractual existente entre Minera Panamá y el Estado; ya que el contrato se encuentra vigente hasta 2037, por prórroga aprobada por el Minsiterio de Comerio e Industrias, e incluso el Fallo no se encuentra en firme por algunos recursos presentados por sus abogados.

Esto quiere decir que el Fallo no afecta el contrato. El contrato de concesión al entrar en vigencia tiene como efecto que la concesión se convierte en un Derecho Adquirido. Además el Ministerio de Comercio e Industria reconoce que la contratación se encuentra vigente.

Recordemos que ésta es una inversión en la cual se han inyectado más de seis mil quinientos millones de dólares y hay que tener mucho cuidado al momento de la toma de decisiones que puedan poner en riesgo la seguridad jurídica de los inversores.

Se hace este tipo de comentario porque sería muy perjudicial para el país que se tomen decisiones que afecten la inversión extranjera y que los potenciales inversores, que tengan la buena voluntad de querer poner recursos en Panamá, tomen la decisión de no hacerlo por actuaciones que consideran pudieran poner en riesgo la seguridad jurídica de sus negocios.

Recuerden el viejo adagio que dice: “cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo”.

No puedo dejar pasar por alto el hecho de que se compare el tema de la Minera Panamá con el tema de Panama Ports Company; ya que son dos temas distintos e incomparables, en donde una empresa ha logrado modificar su contrato para beneficio propio y no del país, pretendiendo que se le renueve sin que se le revise el contrato, y la otra es una empresa que contrató con Panamá bajo las leyes y los códigos que se establecían en ese momento, sin que por el momento se puede argumentar comentario negativo alguno.

Vuelvo y recalcó, es importante que nos vean desde fuera como un país serio que respeta el ordenamiento jurídico, pero que también sabe negociar bajo parámetros justos en beneficio de su población.