Canto de sirena para los ilusos

Eduardo Rubén Ulloa Miranda ha renunciado a su cargo de procurador general de la nación porque le tocó lidiar con una sociedad en permanente confrontación, en donde “…la crítica interesada y el juzgamiento mediático deja atrás el análisis sereno y objetivo del trabajo que se realiza”.  

“Aunado a ello- señala Ulloa- debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez…”. Pese a las razones que aduce Ulloa Miranda, hay quienes preguntan ¿por qué renunció?, reafirmando un patrón que lanza sobre sus declaraciones sospechas y suspicacias. No hay novedad.  

Términos como “permanente confrontación” y “juzgamiento mediático” dejan entrever un ambiente hostil que rodeo su labor en el Ministerio Público, el mismo que cada día algunos medios lanzan contra instituciones, personalidades y gobierno.

Hombre honesto, la designación de Ulloa como la de los dos magistrados que había que nombrar en 2019 fue el resultado de una acción transparente por parte del gobierno que encabeza Laurentino Cortizo Cohen, con la esperanza de devolverle a la justicia panameña credibilidad y eficacia.  

Un año después, sin embargo, no solo no se han logrado esos propósitos, sino que el titular abandona el cargo por  “la crítica interesada y el juzgamiento mediático”.

La salida de Ulloa se registra en instantes en que, casos de alto perfil, como el de Odebrecht o el escándalo de los abusos a menores en algunos albergues, están por llegar a los tribunales, el primero, y el segundo se debate en dos enfoques respecto a cómo encararlo.

Mientras que en el de Odebrecht aparecen implicados más de 80 personas vinculadas al mundo empresarial, en el relativo al de la niñez, ha sido evidente el intento por transformar un tema judicial en factor político de una estrategia desestabilizadora que quiere transformar al gobierno, de vigilante en acusado.

Pese a que los cierres de albergues y las denuncias, así como la documentación de los casos, fueron presentadas por el MIDES hace más de un año, el Ministerio Público fue incapaz de concluir investigaciones y producir sentencias. Ahora sabemos, tras conocer la carta de Ulloa, que tal incumplimiento tiene su base en la forma como “le tocó lidiar con una sociedad en permanente confrontación”.

 Fue lo mismo que ocurrió con las reformas a la Constitución en diciembre de 2019, o el clima enrarecido que se impone en torno al Diálogo sobre la Caja de Seguro Social, o desde el anuncio del necesario dialogo nacional del Pacto Bicentenario “Cerrando Brechas”, o en torno al esfuerzo del gobierno frente a la pandemia.

Al parecer hay en este país sectores dispuestos a impedir la materialización del programa de gobierno, a llevarnos de crisis en crisis, aunque solo sea en la esfera mediática; a mantener a la sociedad en constante zozobra o de sobresalto en sobre salto, decididos a ofertar cada día un mensaje de pesimismo y derrota con un solo objetivo: controlar la credibilidad.

Desde julio de 2019, Cortizo anunció el corte social de su proyecto, destacó la necesidad de saldar la deuda que tiene el Estado panameño con más de 700 mil personas que viven en pobreza multidimensional, y más de un millón en pobreza; dirigió sus esfuerzos hacia el sector productivo del país, saldó deudas y trató por todos los medios de ordenar las desordenadas finanzas heredades del gobierno Varela.

Los hechos demuestran, sin embargo, que las tan publicitadas preocupaciones por los déficits institucionales y sociales no son más que parte de una publicidad engañosa, utilizada convenientemente en coyunturas específicas, y que detrás de “la crítica interesada y el juzgamiento mediático”, solo pulula el interés por imponerle al gobierno políticas que lo lleven a torcer el rumbo social de su programa.

En el caso de los albergues, no es el gobierno el que sanciona, y tampoco es justo cargar sobre sus funcionarios acusaciones temerarias, cuando han sido ellos, los que, desde los primeros días de julio de 2019, destaparon una realidad de la que nadie se ocupaba hace 30 años y que tuvo su colofón en el abandono, el desinterés y la improvisación del último decenio.

Claro que las violaciones en los albergues requieren del más estricto y enérgico castigo, pero por alguna razón el debate en torno a esos casos ha sido degradado, señalando culpables que no lo son o descalificando a figuras que con aportes técnicos solo han buscado ayudar a darle salida al problema.

Quienes, desde conocidas cuotas de poder, dicen estar interesados en la suerte de los panameños deben demostrarlo, entrar al debate y a las propuestas con el respeto debido, con la consideración honorable y justa, y no confundir el ser bueno con el ser tonto. (JBV)

Julio Bermúdez Valdés
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Periodista