Opinión

Abusos en los albergues, por una solución integral

24 de febrero de 2021

Celebro la manera incisiva como varios sectores han expresado su rechazo a los abusos contra menores practicados en algunos albergues y exigido responsabilidades y castigo.

Pareciera que, a raíz de este tema, comienza a manifestarse una conciencia colectiva más allá de los chats o los enojos domésticos.

Pero es un caso recurrente, la variante de un problema desatendido en los últimos treinta años, una acumulación de niños maltratados y sodomizados, madres adolescentes por millares, resultantes del abuso de familiares o “amigos de la familia”, que estalla ahora; postergado por el clientelismo político, evadiendo responsabilidades para que otros las encararan, en un país donde más importan los votos que la salud social.

Con particularidad en los últimos diez años, en los que, por las razones que sea, el diablo anduvo suelto, sin que nadie le pusiera cadenas en las manos y los pies.

Pese a las batallas que dieron antes de la invasión, con resultados específicos, Clara González de Belhinger y Alma Montenegro de Fletcher, desde el histórico Tutelar de Menores, o más tarde voces puntuales como la de Teresita Yanis de Arias, pocas preocupaciones se expresaron en medidas concretas en los últimos 30 años, o desde que a finales de 2009 se creara Senniaf bajo la administración Torrijos.

Entre 2009 y 2014 solo fue cerrado uno de esos albergues. Entre 2014 y 2019 no solo no se cerraron, sino que un amargo debate público, entre quien dirigía la Senniaf y su propio gobierno, terminó con la destitución de la primera, y las transgresiones transcurrieron sin mayores tropiezos.

Debo decir que me llamó la atención de las acciones del MIDES recién se instaló el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen, el énfasis que se  puso en el asunto hasta con visitas sorpresivas, y el cierre en ocho meses, de ocho de los albergues que ahora se mencionan, con sus respectivas denuncias. 

Pero los abusos denunciados por la exministra Concepción Jaramillo no solo eran por acciones contra menores de edad. Habrá que ver lo que sucedía y está sucediendo en los albergues para ancianos, sobre todo durante la pandemia. Otra bomba a punto de estallar. 

El asunto de centro radica en que los derechos del niño, donde el tema de los albergues es una parte del problema, solo puede funcionarán con la eficiencia requerida, si además de la vigilancia operativa que debe garantizar el gobierno, el órgano legislativo prohíja leyes contundentes con penas estrictas y rigurosas, que el órgano judicial debe garantizar en su aplicación.

Si falla uno de los tres, garantizar los derechos del niño es una quimera, un engaño o en última instancia una farsa.

Por eso me resulta extraño que, conocido el informe de la Asamblea se acentúe el ataque contra el ejecutivo, cuando su labor se inscribe en la única acción seria que gobierno alguno haya realizado en los últimos 12 años.

Pero, no hay mal que por bien no venga. Haberle heredado este problema al gobierno de Laurentino Cortizo Cohen, le da posibilidad de aportarle la sociedad panameña el mejor de los instrumentos jurídicos en la defensa integral de los derechos del niño, y el mejor de los sistemas de atención de este vulnerable.

Ya lo ha hecho con los derechos de la primera infancia, no dudo que pueda hacerlo con los niños, niñas y adolescentes usuarios de este sistema.

Somos un país, una sociedad con sus complejidades pero que debe mirar hacia el futuro, reconociendo cada uno de sus problemas y proponiendo alternativas para todos.

Quienes se declaran críticos de la actual situación, solo podrán ofertar a Panamá una propuesta seria en la medida en que hagan enfoques y propuestas integrales, no algarabías por una parte del problema.

El tratamiento integral de problema conlleva las sanciones y el castigo que merecen aquellos que han abusado de infantes indefensos. 

 

 

Por Julio Bermúdez Valdés

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