Reflexiones sobre el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC)

  • Magister Pedro M. Meilán N.
      Pedro M. Meilán N |

      Me tomo la molestia de reflexionar sobre lo que nos jugamos como panameños si renovamos este contrato sin hacer ningún tipo de modificación al mismo. 

      Recordemos que en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares se dio la concesión del este contrato; en el cual entre las cosas más importantes estaban las regalías fijas que recibiría el Estado por esa contratación.

      Éstas eran 22 millones de dólares anuales, el diez por ciento (10%) de los ingresos todos los años y el famoso diez por ciento (10%) accionario, que nos permitía entrar en la repartición de dividendos como accionistas.

      El gobierno de Mireya Moscoso a través de un plumazo eliminó los 22 millones de dólares y el diez por ciento (10%) de los ingresos cada año, basándose en una mal llamada equiparación con otros puertos en el territorio nacional; lo cual era un absurdo porque PPC recibió las instalaciones concesionadas funcionando con estructura y maquinaria, no así los demás puertos que tuvieron que iniciar de la nada, moviendo tierra y haciendo infraestructura.

      Ahora bien, producto de esa decisión en el gobierno de Martín Torrijos, con Alejandro Ferrer como Ministro de Comercio, se renegociaron condiciones que pudieran darle al país parte de lo que se había entregado en el gobierno anterior.

      En este caso El Estado logró una nueva contratación en la cual PPC pagó  ciento dos millones de dólares  ($ 102,000,000.00) en concepto del derecho de uso de las infraestructuras y puertos en operación recibidos en concesión, producto de la decisión tomada en el gobierno Moscoso.

      Además se aumentaron las tarifas por movimiento y el régimen impositivo. Así mismo se crearon tarifas de muellaje, fondeo y de faros y boyas. Por último la empresa también se comprometió a realizar inversiones por mil millones de dólares ($ 1,000,000,0 00.00) en los Puertos de Balboa y Cristóbal en periodos de tiempo determinados en la adenda.

      Quiero manifestar que estos tiempos de inversión a nuestro criterio no fueron cumplidos y es materia de revisión, cuestión que estamos seguros no fue vista en la auditoría recientemente hecha por Contraloría.

      Viendo este escenario cuáles serían las opciones que tenemos como Estado para la renovación del contrato con PPC.

      La primera opción sería una renovación directa entendiendo que el contrato cumplió con todas sus obligaciones y firmaríamos algo igual por los próximos 25 años.

      La segunda opción sería que El Estado le reciba un dinero a PPC pero sin poder negociar las cláusulas existentes que en nada han favorecido a Panamá.

      Esta posición la hemos visto expuesta en los medios de comunicación por el Administrador de la Autoridad Marítima; en donde dice que hay ingresos por 900 millones de dólares y deben darnos el 10% de los mismos en dividendos, que representan 90 millones de dólares.

      Esta postura nos llevaría a tomar un dinero y quedar exactamente igual por 25 años más. La tercera opción sería que PPC nos pagara los dividendos de los ingresos que nos deben y a la vez, podamos negociar todas las cláusulas que son nocivas, oscuras o perjudiciales a la Nación.

      De esa manera garantizaríamos tener un contrato de igualdad entre las partes; en donde los intereses de la Nación estarían bien resguardados por los próximos 25 años.

      Es importante resaltar que utilizar el argumento de la seguridad jurídica por parte de PPC, sería baladí; ya que demostrado está que han podido negociar el contrato en dos gobiernos distintos sin respetar esa seguridad.

      La cuarta opción y la última, sería decidir patear la mesa y poner nuestro futuro en Tribunales Internacionales de Arbitraje, que es el mecanismo de solución de conflictos incluido en una de las cláusulas del contrato.

      Esta salida es costosa, demorada y no tenemos la garantía de los resultados, teniendo una auditoría desfavorable, que a mi criterio no evalúo todas las variables para determinar los incumplimientos o no del contrato.

      Solamente revisó el tema de las inversiones, que como dije anteriormente tampoco pienso que se hayan cumplido en el periodo estipulado. Somos del criterio que el mejor escenario como país es la tercera opción.

      De esa manera podamos salir adelante con un contrato que tenga reglas del juego claras y en donde los intereses de la Nación se vean protegidos y bien remunerados porque al final del camino estamos hablando de nuestra tierra y nuestros recursos. 

       

       

      Pedro M. Meilán
      Magisten Pedro M. Meilán
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