Opinión

¿Qué viene ahora?

30 de enero de 2020

La Constitución vigente debe ser modificada para borrar el pecado original con el cual nació: el extremado presidencialismo, el cual genera las dificultades vistas en la deficiente funcionalidad institucional entre los Órganos del Estado, además de limitar una adecuada participación ciudadana en las decisiones de gobierno. Esta situación provoca que la gobernanza queda en manos de las minorías que ostentan el poder político y económico, lo que mantiene una desigual distribución de la riqueza nacional en nuestra sociedad.  

Desde hace varios años la sociedad panameña discute la necesidad de dotar al país de una nueva Constitución que reforme y modernice el Estado panameño.

Es importante en toda sociedad, que las autoridades de turno presten la atención que se merece a la voluntad de los ciudadanos en torno al contenido de la Constitución Politica que rija en el país, la cual debe ser debatida y preparada a su vez por medio de una Asamblea Constituyente, democráticamente elegida.

Lo más prudente y sensato en estos momentos para la nación panameña, es iniciar un proceso de convocatoria, organización y ejecutoria de una Asamblea Constituyente, con los objetivos de transformar el Estado panameño, a la vez de incorporar a la Carta Magna, nuevas e importantes instituciones para fortalecer el sistema político y permitir un mejor y eficaz ejercicio democrático y  una eficiente gestión pública.  

El proceso constituyente podría iniciar con la designación de una Comisión ad-hoc de eminentes juristas de reconocida trayectoria académica en el campo del derecho constitucional, de una lista de personas seleccionadas por las universidades nacionales, para redactar un proyecto de “Nueva Constitución”, el cual serviría como documento básico para los debates de los constituyentes una vez se instale la Asamblea Constituyente.  

Los constituyentes, elegidos democráticamente en elecciones libres, entrarían a debatir y preparar el proyecto de nueva Constitución, para entregarlo al Ejecutivo, el cual lo sometería a un Referéndum Nacional. Con una agenda bien planificada, este proceso podría realizarse en periodo de aproximadamente dieciocho (18) meses.    

Queremos expresar, sin ninguna intención política, solo con alto sentido patriótico, que nuestro interés es presentar una alternativa que consideramos como viable, democrática, pacífica y más conveniente, para abrir camino y encausar el país hacia derroteros de la modernización y desarrollo social y económico, alternativa que confiamos tendría el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, que son los verdaderos dueños de la Constitución Política en cualquier país.

* Ingeniero. 

Cristóbal Silva
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