La impunidad

La impunidad es un mal que en la actualidad padecen muchos países latinoamericanos y que en su definición niega a las víctimas el derecho de ser reparadas por la afectación causada por los victimarios.

Se dice que la impunidad existe y se potencializa en países en donde no hay tradición del “Imperio de la Ley”, en donde existe una clara y efervescente corrupción política aupada por los llamados mecenas políticos quiénes en función del poder económico compran conciencias débiles dentro del sistema gubernamental y social.

Esta labilidad en que se encuentran los diferentes gobiernos incluye sistemas judiciales con gran debilidad y propensos al escenario de la corrupción.

La responsabilidad escapa de los muchos agresores lo cuales gozan de cierta inmunidad a los procesos judiciales y legales, abanicando la llamada impunidad y desviando la posibilidad de que sean procesados, juzgados y condenados por los delitos cometidos.

Existen países en los cuales se han creado Leyes de impunidad, tales como Argentina y Uruguay. En Argentina la Ley de la Autoamnistía No 22.924 (1983), la Ley de Punto Final (1986), Ley de Obediencia Debida (1987), y los indultos decretados por Carlos Menem (1989-1990.

En Uruguay la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1986), y la Ley de Amnistía No 15.737 (1985).

Estas leyes y decretos presidenciales se promulgaron con el fin de evitar el juzgamiento de personas que cometieron crímenes contra la administración y contra el Estado.

Esto naturalmente permitió la impunidad de estos criminales y su evasión a ser juzgados y procesados. De los 13 países con mayor impunidad en el mundo, 9 pertenecen a América Latina siendo México el país con mayor impunidad.

Le siguen Perú, Venezuela y Brasil. Posteriormente Colombia y Nicaragua. En Panamá el debilitamiento del Sistema de Justicia ha incidido en que se presente impunidad en función del manejo de los casos de corrupción en el país.

Casos sonados como los de Odebrecht, Panamá Papers, Financial Pacific y muchos otros, en su proceso, no han dejado evidencias firmes de que individuos asociados a los mismos, hayan sido juzgados y sancionados por su responsabilidad en ellos y los cuales están quizás bajo el amparo del mecenazgo político.

Esperamos mejores días para nuestro país con un sistema judicial fuerte y con funcionarios libres de las esferas de la corrupción en donde aquellos que perpetren crímenes contra el Estado y de lesa patria sean juzgados y sancionados sin que medie en ningún momento la impunidad.

Dr. Omar Orlando López Sinisterra
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* Abogado-Criminólogo.