“Ley de extinción de dominio no es política, es algo jurídico”

El ministro de Seguridad Pública Juan Manuel Pino reiteró que el proyecto de ley 625 de extinción de dominio de bienes ilícitos debe ser discutido, por lo que solicitó a los diputados de la Asamblea Nacional que mantengan en sus manos la discusión de la iniciativa, no descartarlo, porque es “un proyecto necesario para el país”.

“El Ejecutivo no va a retirar esto, no es algo político, es algo jurídico, no es populismo, se trata de una herramienta que requiere el estado panameño para estar preparado una vez se nos crezca el crimen organizado, que a nivel global está creciendo”, dio a conocer ayer Pino durante un conversatorio con los medios de comunicación.

Agregó que “estamos de acuerdo en hacer los cambios que haya que realizar, porque tampoco está escrito en piedra, y debemos como país empezar con algo”. La iniciativa presentada por Pino desde abril de 2021 se encuentra en una subcomisión de la Comisión de Gobierno para consensuar su modificación.

El proyecto de extinción de dominio contiene un total de 94 artículos.

Finalmente el ministro solicitó a los diputados sentarse y discutir el proyecto, “pero no devolvamos una ley porque si no el tiempo no va a alcanzar, se tendría que hacer todo ese proceso a través del Consejo de Gabinete para llevarlo otra vez a la Asamblea Nacional”.

El pasado miércoles la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, a cargo de la discusión del proyecto de ley 625 de extinción de dominio de bienes ilícitos, realizó un foro en el que participaron expertos internacionales, los cuales expusieron las posibles consecuencias para el país si se llegara a aprobar esta Ley. Crispiano Adames, presidente de la Asamblea y diputado, participó en el foro y manifestó en su intervención que la iniciativa “no recoge las garantías de defensa de protección de ningún ciudadano ni organización de este país; por ello, creo que debe establecerse un criterio amplio, con jurisdicciones y competencias que no existen en nuestras disposiciones ni en la Constitución”.