Ministro de Seguridad participa en consulta pública sobre la ley de extinción de dominio

El ministro de Seguridad Pública Juan Pino, el secretario general del Minseg Jonathan Riggs y expertos internacionales sobre la Ley de extinción de dominio participaron en la consulta pública sobre el proyecto Ley No.625, organizada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

A continuación el discurso completo del ministro en la ponencia:

Buenos días. Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo en nombre del Excelentísimo Señor LAURENTINO CORTIZO COHEN, Presidente de la República de Panamá, y  en el mío propio.

Es precisa la ocasión para agradecer a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, la invitación para participar de la Consulta Pública sobre el Proyecto de Ley No.625, que busca incorporar la legislación de “Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos” en la República de Panamá.

En primer lugar, debo destacar que de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las actividades derivadas del crimen organizado en todas sus manifestaciones, generan anualmente cifras que superan los mil millones de dólares con facilidad, lo cual les permite ampliar su radio de acción criminal, intentando perpetuarse y expandiendo sus actividades ilícitas a través de la proliferación de grupos criminales en nuestra región.

Nuestro país por su posición geográfica privilegiada, con un centro bancario sólido y versátil, una zona franca abierta al comercio mundial con grandes oportunidades para hacer negocios, como economía emergente dolarizada, se convierte en una atracción para quienes simulan actividades comerciales lícitas, con dineros, valores y activos provenientes del narcotráfico y delitos conexos.

En este sentido, estos grupos criminales intentan proteger sus fortunas, a través de destinaciones ilícitas, ocultando el origen ilícito de sus bienes, utilizando la figura del testaferrato, prácticas que les han permitido la acumulación ilícita de grandes sumas de dinero, que les permite desafiar el Estado de Ley y Orden.

En Panamá enfrentamos a diversas estructuras criminales, quienes a partir de sus actividades delictivas, promueven la violencia en todas sus manifestaciones, utilizan la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, intentan desestabilizar las instituciones democráticas del Estado y violentan el orden constitucional que busca mantener la Ley y el orden como mecanismo de convivencia para mantener la paz y el desarrollo humano sostenible.

Los Estamentos de Seguridad, en lo que va del año 2022 han confiscado más de 2.2 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas, se han incautado más de 92 toneladas de drogas y  han decomisado 129 vehículos y 93 embarcaciones, relacionadas al narcotráfico y delitos conexos. 
Con la Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos buscamos evitar que los dineros obtenidos  a través del delito en cualquiera de sus modalidades, se intenten legitimar, porque con esos dineros intentan perpetuar su dinámica criminal, mover cargas ilícitas, reclutar y contratar personas, promover y financiar el sicariato y promover y fomentar la corrupción. 

En este foro quiero lanzar una interrogante, ¿Por qué debemos esperar a que sucedan desgracias, tragedias o hechos violentos que atentan  contra la paz social y socaban la institucionalidad democrática?
Como las vividas en países vecinos donde el crimen organizado ha perdido el respeto por las autoridades, intentan llamar a la desobediencia civil, lo que se traduce casi en un Estado fallido en donde puede reinar la anarquía, la violencia y el crimen organizado transnacional.

Bajo este contexto, el Ministerio de Seguridad Pública, promueve la incorporación al marco jurídico panameño del Proyecto de Ley No.625 que adopta la legislación de "Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos", propuesta que pretende reducir a su mínima expresión la capacidad financiera y operativa del crimen organizado en sus diferentes modalidades, teniendo como premisa que los bienes adquiridos mediante el dinero producto de actividades ilícitas no gozan de protección legal, ni de legitimidad, ni de protección constitucional y como hecho de justicia social.
El Estado busca resarcir el daño causado, promueve y desarrolla programas orientados a prevenir el delito y generar un proyecto de vida positivo para niños, niñas y adolescentes, así como la recomposición social a través de la rehabilitación y resocialización de los privados de libertad que cometieron un delito.

Está consulta pública nos ofrece la oportunidad de lograr el consenso en el marco del desarrollo de las políticas públicas que fortalecen la persecución criminal como parte de la estrategia de represión contra el delito, y otras que privilegien la prevención del delito como mecanismo de intervención social, que evite que las nuevas generaciones hagan del delito su modo de vida

A la delincuencia organizada transnacional, hay que combatirla a través de una estrategia integral donde se persigan las finanzas de estos grupos criminales, con lo cual le mostraremos a las nuevas generaciones que el delito no paga.

Puedo señalar, que el licenciado Andrés Ávila, quien fuera el Presidente de la Sociedad de Activos Especiales de la República de Colombia, nos manifestó que el organismo antes señalado, logró procesos por más de 4 Mil Millones de Dólares, que el Estado pretende recuperar para obras de interés social.

Con la aprobación de esta norma, el Estado panameño, podrá obtener los recursos económicos para desarrollar obras de interés social y políticas públicas orientadas a la prevención del delito de manera integral, junto a las demás instituciones vinculadas al desarrollo de mecanismos de intervención social, para minimizar la incidencia criminal y promover la cultura de paz.

Los exhorto, a que sigamos uniendo esfuerzos, con la finalidad de fortalecer las políticas públicas que nos permitan seguir cumpliendo de manera efectiva con la misión de contrarrestar la actividad criminal transnacional, minimizando la capacidad operativa y quitándoles el músculo financiero que es el motor que les permite a los diversos grupos delictivos operar, crecer y desarrollarse, por lo cual se debe debilitar su estructura organizacional, y devolverle a la sociedad, la paz social.

Estamos seguros, que los resultados de esta consulta pública convocada por la Asamblea Nacional, consolidarán nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra legislación nacional, en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción; sumado al objetivo de actualizar nuestro ordenamiento jurídico, a través del consenso nacional, con la incorporación de las buenas prácticas internacionales en la lucha contra el crimen organizado transnacional, lo que con seguridad debilitará su estructura organizacional, respondiendo así, al compromiso de la República de Panamá con los objetivos de desarrollo sostenible 2030, específicamente con el número 16 que busca promover sociedades pacíficas.

Para finalizar, deseo reiterarles nuestro compromiso de participar activamente en estos foros que nos permiten contribuir al fortalecimiento de las estrategias enfocadas hacia el bien común y la paz de las naciones, para combatir la criminalidad organizada contundentemente.

Muchas gracias.