Presentan demanda contra decreto sobre el uso de Áreas Protegidas

Organizaciones ambientalistas y científicas presentaron, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Decreto Ejecutivo 141 de 2021 que creó los "Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas"

Detallan que a través del citado decreto, el Órgano Ejecutivo permitiría la apropiación privada de las áreas protegidas aun cuando dicha apropiación está prohibida por la Constitución de la República.

Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), explicó “estamos presentando una demanda para solicitar a la Corte Suprema de Justicia para que declare  nulo por ilegal el Decreto Ejecuto 121 que crea los certificados de acreditación de suelo en áreas protegidas. Este decreto, tras un análisis jurídico y bastante conservador, ha violado más de 35 disposiciones del marco normativo vigente y por eso solicitamos se declare como nulo”.

Según Ábrego, el decreto Ejecutivo actúa en violación de las competencias del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y le da a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), la potestad para certificar el uso de suelos en áreas protegidas.

Por su parte, Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible, explicó que “el impacto ambiental es gravísimo porque estamos hablando de áreas protegidas que ya están siendo amenazadas. Son nuestro reservorio de agua, de biodiversidad y de todos los recursos que necesitamos y hoy día sabemos que hay tala indiscriminada, contaminación, perdida de diversidad”.

Resalta que “lo que más preocupa es que estas titulaciones han empezado en la zona minera, está casi claro que este tipo de certificaciones tiene nombre y apellido para justificar un negocio más allá de la vocación de uso del suelo de las áreas protegidas”.

Ricardo Góndola, de la Fundación para la Protección del Mar, comentó que “este decreto sale de una manera impetuosa, no fuimos consultados y obviamente el Ministerio de Ambiente no tiene ni censo ni catastro de las áreas protegidas. Esto es abrir una caja de pandora”.

“Nos preocupa realmente que se haya empezado por el área de Donoso porque todo aparenta de que esto se está haciendo para aprobarle uso de suelo a Cobre Panamá, quienes ya están fuera de su polígono. Lo hemos verificado vía satélite, pero nadie del Ministerio de Ambiente ni de Anati ha hablado de esto y menos en el MEF”, dijo.

“Las implicaciones legales que tiene el decreto son peligrosas, tanto para las personas que quienes quieran apropiarse de los terrenos y los funcionarios que lo aprueban. Entonces tenemos un problema grave que va a crecer”, destaca.

A su vez Góndola puntualizó que “no tenemos a nadie que nos diga que hubo un estudio previo del impacto de la medida”.

Los especialistas argumentaron que más allá del tema minero se estarían afectando todas las áreas protegidas del país y que en suma, “favorece la degradación de las más de 100 áreas protegidas de Panamá: desde las playas de anidación de tortugas marinas hasta los bosques hogares del jaguar. La norma demandada también favorece el establecimiento de terratenientes y la especulación y acaparamiento de tierras”.

Las asociaciones demandantes son: El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación para la Protección del Mar (PROMAR), Fundación Panamá Sostenible (PASOS), Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá (FUNDICCEP), Proyecto Primates Panamá, Asociación ADOPTA Bosque Panamá y el Colegio de Biólogos de Panamá.

Organizaciones ambientales presentaron este martes una demanda contencioso administrativa de nulidad en la Corte Suprema de Justicia, contra el Decreto Ejecutivo 141 de 2021 que creó los certificados de acreditación del uso de suelos en las áreas protegidas. Vía @riverarias92 pic.twitter.com/FU1vBu5H7i

— Metro Libre (@MetroLibrePTY) November 23, 2021