Nacionales

Ley de extinción de dominio busca debilitar a grupos criminales

12 de julio de 2021

Panamá pretende decomisar y secuestrar todos los bienes particulares comprados, usados o destinados a los delitos relacionados al crimen organizado a  través de  una ley de extinción de dominio.

El instrumento legal fue presentado a la Asamblea Nacional  por el ministro de  Seguridad, Juan Manuel Pino,  en abril del presente año.

El ministro aseguró que   de ser aprobada la ley “irá contra los bienes de las organizaciones criminales y les restará fuerza”.

El proyecto de ley,  que  está integrado por 94 artículos,  detalla que tres instituciones del Estado intervendrían en la implementación de la figura de la extinción de dominio.

Además,  con ello se creará la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos y de Extinción de Dominio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estableciéndose la distribución de los fondos depositados a la cuenta especial de Bienes por Extinción de Dominio (Comiso) de dicho ministerio, lo que sería destinado  a programas y proyectos que trabajen directamente con el sector social, seguridad, justicia y  gastos operativos del programa. 

Opiniones 
Para la exprocuradora  de la Nación Ana Matilde Gómez  esta herramienta es una excelente aliada, que ya está probada en otros países, y que   “permite golpear al crimen organizado  donde más le duele, que es en el obtención de dinero  malhabido”.

Por su parte, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA),  dijo  que “mientras la justicia no tenga un presupuesto garantizado para la implementación de la carrera judicial,  toda iniciativa puede ser de  ayuda”. 

Colombia, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Argentina y República Dominicana  pertenecen a la lista de  países que utilizan este mecanismo de intervención jurídico novedoso y eficaz contra el crimen organizado, enfocándose especialmente en la persecución de toda clase de activos que integran las riquezas procedentes de las actividades criminales.  

 

Opinion

 

Reinelda C. Álvarez
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