Fiscalía investiga denuncias de maltrato en albergue y reemplazan al personal del lugar

Tras el allanamiento efectuado al albergue que funcionaba bajo la administración de la Fundación de Atención Integral Chilibre Panamá (Funchipa), todo el equipo encargado del albergue fue suplantado por funcionarios nuevos, confirmó la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La Fiscalía Superior de Familia del MP reveló que la investigación, que se encuentra en sus etapas iniciales, dio inicio luego que la directora  del Senniaf Sara Rodríguez interpusiera la denuncia.

Rodríguez comentó que “todas las personas vinculadas a esa fundación fueron sacadas y sujetas a una medida de alejamiento por parte del Ministerio Público”.

La directora resaltó que las oenegés no son parte del gobierno, sino que son actores que gestionan servicios, que “en algunos casos reciben apoyo del Estado y ante la salida de esta administración ha entrado la Senniaf desde el lunes 3 de agosto a gestionar los cambios que son necesarios”.

“Parece que habían situaciones irregulares, incluso en la gestión anterior y esas situaciones son parte de la investigación”, agregó.

Según informes hay personas señaladas tanto en la denuncia como por testigos, cuyos nombres no serán mencionados en razón de la reserva del sumario. El listado del equipo de trabajadores ronda las 43 personas, también se investigarán los contactos que podrían estar vinculados.

Hasta el momento no se han formulado cargos contra ninguna persona por estos hechos.

También se reveló que aún se mantienen pendientes varias diligencia entre ellas la entrevista de los niños por parte del equipo de psicólogas de la Unidad de Atención a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes por parte del MP.

Por su parte, Funchipa emitió un comunicado advirtiendo que “nosotros Fundación Chilibre Panamá no tenemos nada que ver con dichas publicaciones”, refiriéndose a la investigación publicada por el medio Foco.

Además de las denuncias por maltratos y abusos, la fundación es el objeto de otra investigación paralela tras una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

El subsidio que recibía el albergue de 50.000 mensuales fue cancelado tras una auditoría externa realizada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).