Economía

La DGI espera decisión de la Corte por demandas contra ley de factura electrónica

10 de enero de 2022

Ante la petición  de los abogados y  gremios de profesiones  liberales de  derogar  artículos de la ley 256   sobre factura electrónica  y que ha sido  objeto de dos demandas de    ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ),    el director de General de Ingresos (DGI), Publio de Gracia,  afirmó  que  esperarán  las decisiones que tome la Corte  por esta acción. 

“Respetemos el derecho que tiene todo ciudadano de asistir a las instituciones de control y esperaremos qué decisiones toma la corte luego de esta acción”, dijo De gracia. Añadió que “no hay un calendario publicado y que seguiremos conversando y explicando los beneficios y tumbando mitos o percepciones que a nuestro juicio no son correctas, no hay ninguna obligación nueva, sólo un cambio de método de facturar en libreta preimpresas a uso de la tecnología”.

Donaldo Sousa, presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá  (FEDAP),   informó que mañana realizarán una marcha  desde el Colegio de Abogados  hasta la DGI  para manifestar  su rechazo a la ley que  fue   inconsulta, que   viola la confidencialidad entre profesional y cliente  y además, viola  el artículo 40 de la Constitución  que señala que “no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de profesiones liberales y de oficios y  artes”.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que “concluyó el plazo del cual esperaban una respuestas  por parte del gobierno a las aspiraciones de los sectores profesionales  en derogación a la ley 256,   no habiendo nadie dando la cara este movimiento avanza a las acciones de protesta”. Araúz dijo que “no estamos a favor de la irresponsabilidad tributaria, estamos reclamando un entendimiento en que los profesionales no hacemos actos de comercio, somos auxiliares del personal colectivo".

Exonobel  Quintero, secretario general del Sindicato de Abogados  de la República de Panamá,   manifestó que  “es una ley que toca   uno de los pilares fundamentales en el desempeño  de todo profesional  de derecho que es la relación  abogado-cliente donde se  determina un margen de confidencialidad con respecto  al tratamiento jurídico de cualquier tipo de acción”.

La Ley 256  establece “la obligatoriedad en la expedición de factura o de documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño”.

r

Yessika Calles
[email protected]
Twitter: @CallesYessika
Instagram : yessikacalles

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR