Clase trabajadora llama al Gobierno a garantizar el equilibrio y la paz social

Trabajadores piden que "las medidas laborales que se tomen sean enfocadas en proteger a la parte más débil de la relación entre el capital y el trabajo: A la clase trabajadora. Así se establece en el artículo 78 de la Constitución de Panamá".

"En ese sentido, se entiende que la intención del Gobierno al reglamentar la suspensión de los contratos de trabajo mediante el Decreto No. 81 del 20 de marzo de 2020, era garantizar los empleos después que finalice la crisis. Sin embargo, esta decisión tiene que ir acompañada de acciones complementarias para asegurar los ingresos de las familias, como la obligatoriedad del pago del décimo tercer mes al momento que se autorice la suspensión", sugirió la Convergencia Sindical. 

Lamentaron que "los empresarios procedan de manera unilateralmente, sin cumplir con las disposiciones legales, situación que se agrava en los sectores y en las empresas donde no hay sindicato. La clase trabajadora exige al Gobierno y estará vigilante para que se sancione severamente a las empresas que no cumplan con la ley, para que paguen efectivamente los salarios del personal tal como señala el Decreto No. 81 de 20 de marzo de 2020".

Además, denunciaron que, "en el caso del sector doméstico, las trabajadoras del hogar son sacadas de sus trabajos de manera arbitraria sin pago para sostenerse durante la crisis y otras son despedidas injustificadamente sin la cancelación de sus derechos adquiridos. Las familias de estas trabajadoras han sido dejadas en total desamparo. Igual ocurre con los trabajadores informales o no registrados, que laboran en empresas formales e informales y que de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos y sin las vías para reclamar ante las autoridades del trabajo".

Así mismo, solicitaron que "se adopte como un mandato legal, medidas como la utilización de las vacaciones, el pago proporcional del décimo tercer mes y de una bonificación extraordinaria por parte de las grandes empresas, debido a que la mayoría del empresariado no escuchó estas recomendaciones, con el fin de esperar la autorización de la suspensión de los contratos de trabajo y así eximirse de sus responsabilidades, al enviar a los trabajadores y trabajadoras a sus casas sin ningún costo económico para ellos".

"El procedimiento para tramitar la suspensión de los contratos, debe garantizar la participación de los sindicatos o del conglomerado de los trabajadores y trabajadoras donde no haya organización formal. El Ministerio de Trabajo, debe jugar un rol determinante para que esta medida sea aplicada principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresa. Y que fiscalice que el Decreto No.81, no se convierta en un mecanismo para que las grandes empresas conserven sus insultantes márgenes de ganancia en este contexto de crisis", concluyeron en un comunicado.